Acerinox. El estado Español,  encargado de reprimir al movimiento obrero para servir a la patronal.

“Los 7 de Acerinox” afrontan una reclamación por la vía judicial de 28 millones de € por haber sido los integrantes del comité de huelga en la histórica movilización que durante 4 meses puso en jaque a la empresa en 2024.

La histórica huelga que durante 137 días protagonizaron los 1750 trabajadores de Acerinox, multinacional que cotiza en bolsa, en la factoría de Palmones, en Los Barrios (Cádiz), se originó por el punto muerto al que llegaron las negociaciones para la renovación del convenio colectivo, y por la pretensión de la dirección de establecer un régimen de disponibilidad absoluta a los trabajadores, incluso en sus días de descanso. Los delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Acero (ATA) promovieron la huelga indefinida, que fué acordada en asamblea por 1.313 trabajadores a favor  y 193 en contra.

Desde el inicio, las fuerzas policiales y la judicatura iniciaron la represión hacia los dirigentes de la huelga, arrestando a cuatro de ellos y ejecutando un juicio express con el propósito de paralizar cuanto antes la huelga y descabezar a la dirección del movimiento huelguístico. 

El resultado de dicha represión supuso el efecto contrario, desató una ola de solidaridad en el movimiento obrero que se movilizó a nivel estatal y recabó fondos económicos, los cuales fueron entregados a la plantilla en huelga permitiéndoles prolongar la lucha por un tiempo récord. Las fuerzas de antidisturbios continuaron hostigando aquellas movilizaciones, siempre al servicio de la patronal para socavar la resistencia de los huelguistas, aunque finalmente, el Estado, tras movilizar a fuerzas policiales y judiciales sin éxito, tiraron de otra de sus instituciones: Los sindicatos mayoritarios comprados con subvenciones millonarias y prebendas de la patronal. 

Estos se encargaron de “negociar” a espaldas de los trabajadores un acuerdo con la dirección de la empresa con el objetivo de dividir a la plantilla en huelga, y aprovechando el cansancio acumulado por la duración de la lucha, de forma fraudulenta presentaron ese acuerdo a una votación a la asamblea, vulnerando el derecho de negociación colectiva a los que les corresponde legítimamente, que es al comité de huelga, que no estuvo presente en dichas negociaciones. Estas maniobras fueron las que finalmente desmovilizaron a la plantilla y reventaron la huelga.

Esta misma estrategia es la que se ha seguido con la todavía vigente huelga de Airbus. La diferencia en este otro caso es que por el carácter estratégico y militar de este conflicto, ha sido el gobierno el que personalmente se ha prestado a estas maniobras de negociación ilegales junto con los sindicatos traidores, igualmente vulnerando el derecho de negociación legítimo del comité de huelga.

La justicia: instrumento de represión sindical

El llamado lawfare o guerra judicial parece estar de moda por la ofensiva contra el gobierno “progresista” del PSOE por parte de unos jueces escorados a la ultraderecha. Ofensiva que se intensificó tras el llamado del criminal de la guerra de Irak, Jose María Aznar a “el que pueda hacer que haga”. Un llamado que se dirige a todos aquellos miembros que ostentan altos cargos en la administración, a los que accedieron por pertenecer a la élite franquista que se ha mantenido dirigiendo el país y sus instituciones tras la farsa de la “transición”. El objetivo, movilizar a toda esa élite fascista para deshacerse de un gobierno que pese a sus políticas neoliberales y de defensa de los grandes capitales, ya no es suficiente para satisfacer la avaricia de esas élites.

Sin embargo, para las organizaciones sindicales, el lawfare no es ninguna novedad. La represión judicial del movimiento obrero ha sido una constante durante toda la etapa de la denominada “democracia” española, cuya justicia franquista quedó intacta en la “transición”, pues mantuvo a los mismos jueces que represaliaron a los disidentes políticos con penas de muerte y de cárcel y exculparon a los asesinos protagonistas del terror de la guerra y la posterior represión en la dictadura. Y como representantes de las oligarquías patrias, han seguido dictando sentencia contra la clase trabajadora durante estos años “democráticos”. Así, es posible enumerar múltiples casos en los donde una justicia reaccionaria ha arremetido  contra las organizaciones sindicales: 

• Las 6 de La Suiza, militantes de la CNT que finalmente fueron condenadas a tres años y medio de prisión, por defender del acoso a una trabajadora embarazada, al que le sometió el dueño de la pastelería en la que trabajaba, y que finalmente fueron condenadas e indultadas. El empresario contó con la defensa del ex juez de la audiencia nacional, Javier Gómez Bermúdez, fiel aliado de las elites de éste país, demostrado en sus actuaciones en los juicios de los atentados del 11 M, el accidente militar del YAK-42, o su sumisión a los intereses de EEUU, reuniéndose en la embajada yanki para exculpar a los militares que asesinaron al cámara José Couso. Reunión revelada entre la documentación de Wikileaks de Julian Asange.

El empresario también contó con la ayuda del juez Lino Rubio Mayo, conocido como el Justiciero de Poniente por casos como el de Carnero y Morala de Naval Gijón que inspiró la película Los lunes al Sol. La injusta y desproporcionada condena se argumentó en la falsa acusación de que los graves daños acarreados por la movilización supusieron el cierre del establecimiento, lo cual fue claramente desmontado por la defensa de las sindicalistas, pero que en un ejercicio de prevaricación, dictó sentencia en contra el ordenamiento jurídico que se supone debe hacer cumplir.

• Los 8 de Airbus — Madrid (2010–2016)

Ocho trabajadores fueron procesados por su participación en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía llegó a solicitar 64 años de prisión en total, ocho años y tres meses para cada uno, aplicando el entonces vigente artículo 315.3 del Código Penal, que criminalizó la acción de los piquetes de huelga, dotando las “coacciones” con penas de cárcel. Finalmente, los compañeros fueron absueltos por falta de pruebas, lo que demuestra una clara instrumentalización de la justicia contra el derecho de huelga, y el abuso de los cargos penales desproporcionados como fórmula para neutralizar la organización sindical, en procesos judiciales interminables que amenazan con castigos ejemplares hacia sus dirigentes.

• El artículo del código penal 315.3 fué promulgado por el franquista Partido Popular en 2011 en plena ofensiva legislativa contra la clase obrera, donde a la vez que se nos cargó al pueblo trabajador con el rescate de 65 mil millones a la banca tras la crisis de 2008, legislaron para criminalizar la protesta, así como tirar por tierra los pocos derechos en el trabajo que se conservaban, mediante la reforma laboral de 2012: EREs por causas organizativas, rebaja de indemnización por despido, preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, etc…  Tras las huelgas generales de 2010–2012 hubo una utilización muy extensa de la vía penal contra participantes y dirigentes de huelgas. La propia documentación del Comité de Libertad Sindical de la OIT recogió alegaciones sobre 81 procedimientos sancionadores o imputaciones penales sustentados en este art. del código penal relacionado con procesos huelguísticos.
• Aunque finalmente dicho artículo del código penal fue derogado en 2021, la criminalización de la protesta ha continuado en el ordenamiento jurídico con la llamada Ley mordaza de 2015. Igualmente promulgada por el gobierno de M.Rajoy, para garantizar la impunidad de la reforma laboral de 2012 mediante la represión a la contestación y lucha obrera, esta ley ha sido ampliamente utilizada por el gobierno progresista que prometió derogarla en 2018. Pese a que no comporta penas de prisión, las sustituye con multas administrativas que van de 100 a 600.000 €,  que son perpetradas directamente a criterio de la policía (sin pasar por un juez), lo que les confiere un gran poder de reprimir cualquier movilización, aunque esta sea pacífica, pudiendo estos decretar la disolución de una manifestación amparándose en supuestos de desobediencia a la autoridad, a la vez que dificulta la grabación de las actuaciones policiales, para facilitar los montajes policiales se den con impunidad, si no existen pruebas gráficas que contradigan sus falsos testimonios.
  
  Aunque se viene utilizando para reprimir cualquier tipo de protestas de tipo social o político, ha sido particularmente sangrante su uso en el caso de la huelga del metal de la provincia de Cádiz en 2021, donde tras la operación de corte militar con el despliegue de la tanqueta policial en un barrio obrero en la que la policía disparó a bocajarro y con gas pimienta durante más de 5 horas, mientras circulaban niños en edad escolar, posteriormente se sucedieron escenas propias del mas oscuro pasado franquista: patrullas policiales en los días posteriores arrestaron a trabajadores en sus domicilios, y sobre los que se les imputó tanto delitos penales como multas por valores de entre 15.000€ y 40.000€, por el hecho de estar presentes durante el asedio militar y la represión policial previos.

Instituciones por y para defender a la patronal

Como se puede observar, todas las instituciones estatales tienen un fin común, defender a la patronal de la organizaciones obreras y de su capacidad de presión al enemigo de clase por la vía de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Unas supuestas libertades “democráticas” que la Constitución Española ampara, pero que el Estado en su conjunto se encarga de dejar en papel mojado: Por un lado, los gobiernos haciendo legislación represiva que criminaliza la lucha sindical, que no derogan ni los gobiernos supuestamente “progresistas”; por otro, aplicando la represión desde los cuerpos de seguridad policiales con mano dura, tanto con la utilización de violencia extrema como de multas indiscriminadas desorbitadas e inasumibles por los trabajadores con sueldos precarizados; Unos sindicatos oficiales subvencionados apéndices del estado que se encargan de dividir a los trabajadores y de reventar sus movilizaciones; Y finalmente, una judicatura que admite a trámite casos flagrantes como la indemnización a la empresa por los perjuicios económicos de una huelga legalmente constituida. Precisamente la única fórmula de los trabajadores para contrarrestar la impunidad con la que los empresarios incumple la legislación laboral constantemente y el robo continuado a la clase trabajadora.

Con estas maniobras, el Estado (gobiernos, cuerpos policiales, juzgados y sindicatos a sueldo) salen al rescate de la patronal para impedir que los trabajadores mejoren sus condiciones laborales, desmovilizandolos y eliminando así la presión que han construido, y por tanto, para que la patronal siga incrementando la explotación y la acumulación de ingentes beneficios. 

El objetivo: Acumulación de riqueza para una minoría

El resultado objetivo de toda esta represión patronal se observa en los datos de desigualdad desorbitados y crecientes:

• El incremento de beneficios de las empresas del IBEX 35, que en 2025 aumentaron un 13%, alcanzando los 66 mil millones de € , y que conlleva un reparto previsto de 42 mil millones en dividendos a los accionistas durante 2026. Este beneficio surge principalmente entre la banca y de las empresas de suministro energético, y está sustentado en el saqueo a la clase trabajadora por la vía de la subida en los bienes básicos: vivienda (hipotecas y alquileres), electricidad, combustibles,…
• Incremento del 13% de la riqueza de los mil millonarios: 32 españoles que superan la barrera de los mil millones de patrimonio, acumulan una riqueza de 213.000 millones de dólares, según el informe anual del banco suizo UBS.
• El 0,1% más rico en España (unas 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros) ha visto aumentar su participación en la riqueza nacional desde 2010 y ya supone más del 10% del total.
• El 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total del país

Por contra, el resultado de todo esto para la clase trabajadora en España es empobrecimiento: 

• el 50% de  la población apenas posee el 6,7% de la riqueza
• 18% de trabajadores que cobran menos de 16 mil euros brutos anuales al año
• casi un tercio de trabajadores (33%) corresponden con salarios entre 16 mil y 23 mil euros brutos anuales
• Es decir, el 49% de los trabajadores tiene un salario que no permite una vida independiente en prácticamente ninguna capital de provincia del estado.

La salida para la clase obrera

Cuando el movimiento obrero demuestra el inicio de su fortaleza, la patronal se apresura a utilizar a sus esbirros en las instituciones estatales para aplastar la organización y sus logros antes de que su ejemplo de lucha y unidad se expanda entre el resto de trabajadores. 

La patronal es perfectamente consciente de la lucha de clases en la que estamos inmersos, y que su posición privilegiada, donde acumula la mayor parte de la riqueza que producimos los trabajadores con nuestro esfuerzo, se debe a su capacidad para mantener a los trabajadores divididos, adormecidos ideológicamente con falsas ideas sobre la democracia como sistema para un reparto justo de riqueza.

Los trabajadores debemos aprender de los errores, los fracasos y de las armas y el poder que el enemigo de clase tiene al disponer de todo el aparato del estado para mantener sus privilegios. Y por ello, la única salida que tenemos los trabajadores en absoluto pasa por confiar en las instituciones, ni en la participación en la farsa de las elecciones democráticas, ni en una justicia ocupada por miembros de la clase adinerada. 

Los trabajadores por contra sólo nos tenemos a nosotros mismos, y sabemos que nuestra capacidad de organización y de lucha, aunque aún sea precaria e incipiente, hace mucho daño a la patronal y a su régimen de privilegios. Nuestro papel en la producción de toda la riqueza nos da esa fuerza, y la capacidad de cortar el grifo de la abundancia de las élites. 

Necesitamos incrementar esa organización a nivel nacional, unificando luchas sociales, vecinales y sindicales, conformando un sindicato único a nivel estatal que barra la hegemonía sindical amarilla que ahora ostentan CCOO y UGT hasta hacerlas irrelevantes para impedir sus traiciones; que permita hacer frente a prolongados períodos de huelga construyendo estructuras de solidaridad y cajas de resistencia para resistir los embates del estado; desterrando el corporativismo que nos atomiza en un sector o incluso en gremios dentro de una misma empresa o provincia, y que nos hace vulnerables a las arremetidas del aparato del estado. Todos los trabajadores padecemos las mismas agresiones de la patronal, no solo en el centro de trabajo, en la vivienda, en los servicios sociales que nos quitan: pensiones, sanidad, educación, y por tanto debemos actuar como una sola clase organizada contra el enemigo: la patronal y su estado.